Quién hace la convocatoria para el cargo de administrador?

administrator-icon-5154El nombramiento del administrador lo hace la asamblea general[1], excepto en aquellas copropiedades en las que existe el “consejo de administración” donde será este quien haga el nombramiento, de acuerdo con el artículo 50 de la Ley 675 de 2001[2]. Sin embargo, en nuestro concepto, esto no implica que no pueda la asamblea nombrarlo si así lo desea.

El presidente de la asamblea general, o el presidente del consejo, donde este órgano exista, será quien firme el contrato a nombre de la copropiedad. En este se deben fijar claramente las condiciones, especialmente en todo lo referente a honorarios, pólizas, vigencia, etcétera.

Así o ha considerado la CORTE CONSTITUCIONAL  mediante sentencia C-127-04 que expresa al tenor:

“A juicio de la Corte, la designación del administrador por el consejo de administración cuando este exista, no desconoce el derecho de participación de todos los copropietarios, pues son ellos precisamente los que en asamblea general han elegido a sus integrantes de entre los propietarios de las unidades privadas respectivas, para que en cumplimiento de las atribuciones que les confiere la ley y el reglamento nombren al administrador, creando con ello un procedimiento razonable que permita la agilización en la toma de decisiones.

(…)

La elección del administrador por parte del consejo de administración si lo hubiere, no desconoce el derecho de participación de los propietarios de unidades privadas de una copropiedad a ser elegido, en primer lugar, porque se trata de un órgano de dirección de la copropiedad designado por todos los propietarios en asamblea general, para lo cual el legislador adoptó dicho criterio en aras de agilizar ciertas decisiones; y, en segundo lugar, porque como se anotó en el párrafo precedente, la Ley 675 de 2001 no consagra en ninguna de sus disposiciones la prohibición de que un propietario pueda ser designado como administrador de la copropiedad, si para ello acredita la idoneidad que para el efecto exija el reglamento expedido por el Gobierno Nacional,  lo cual se ajusta a las previsiones de orden constitucional y legal que orientan el régimen de propiedad horizontal. 

 No obstante, el derecho de participación de los propietarios de las unidades privadas de un inmueble sometido al régimen de propiedad horizontal, no se agota con su asistencia a la asamblea general, ni con la elección de los miembros del consejo de administración, cuando éste exista, pues, como es obvio, de manera permanente tienen el derecho a intervenir en los asuntos que los afecten y, pueden ser consultados para emitir su opinión o por el consejo o por el administrador, cuando ello sea pertinente”[3].

Así las cosas, es claro que el administrador es nombrado y removido por el consejo de administración en las propiedades horizontales que tengan consejo de administración, dado que asume esta función, inicialmente conferida por la ley a la asamblea de propietarios.

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[1] La ley 675 de 2001 en su artículo 38 numerales 1 y 5, señala que es función de la asamblea general ―nombrar y remover al administrador así como ―elegir y remover a los miembros del Consejo de Administración y al Revisor Fiscal, lo cual quiere significar que dentro de las funciones discrecionales de la asamblea, está la elección y remoción de sus representantes, incluida la aceptación de la renuncia a quienes conforman el consejo de administración y ejercen la revisoría fiscal. Condicionada esta facultad de la asamblea con respecto al administrador a ―cuando fuere el caso.

[2] ARTÍCULO  50. Naturaleza del administrador. La representación legal de la persona jurídica y la administración del edificio o conjunto corresponderán a un administrador designado por la asamblea general de propietarios en todos los edificios o conjuntos, salvo en aquellos casos en los que exista el consejo de administración, donde será elegido por dicho órgano, para el período que se prevea en el reglamento de copropiedad. Los actos y contratos que celebre en ejercicio de sus funciones, se radican en la cabeza de la persona jurídica, siempre y cuando se ajusten a las normas legales y reglamentarias. (…) PARÁGRAFO 1º. Para efectos de suscribir el contrato respectivo de vinculación con el administrador, actuará como representante legal de la persona jurídica el presidente del consejo de administración o, cuando este no exista, el presidente de la asamblea general.

[3] CORTE CONSTITUCIONAL, SENTENCIA C-127-04 MP. ALFREDO BELTRÁN SIERRA

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