¿Quién paga las costas procesales ?

Pregunta: Buenos días Señores.
Son tan amables y nos pueden suministrar un concepto acerca de si igualmente una persona que
interponga una tutela en contra del Conjunto y la pierda, debe asumir los costos en que el
conjunto haya incurrido en la redacción de la respuesta ante el juzgado como pago de abogado,
fotocopias, transportes, al igual que en cualquier proceso judicial.
Muchas Gracias.
Cordialmente,
LUZ KARIME GALLO G.
Administradora
Respuesta:
La agencia de de derecho, son los costos o gastos relacionados con la defensa judicial de quien
resulta ganador en un determinado litigio. Estos costos o gastos, comúnmente conocidos como
costas judiciales, deben ser asumidos por quien pierde el litigio o el proceso1. Esto según lo

1 CORTE CONSTITUCIONAL, SENTENCIA C-539/99

expresado por la corte Constitucional constituyen una carga económica que se encuentra a favor
de quien resulte vencedor en el proceso; a saber:
“Las costas pueden ser definidas como aquella erogación económica que corresponde
efectuar a la parte que resulte vencida en un proceso judicial. Esta carga económica
comprende, por una parte, las expensas, es decir, todos aquellos gastos necesarios para el
trámite del juicio distintos del pago de apoderados (honorarios de peritos, impuestos de
timbre, copias, gastos de desplazamiento en diligencias realizadas fuera de la sede del
despacho judicial, etc.) y, de otro lado, las agencias en derecho, correspondientes a los
gastos efectuados por concepto de apoderamiento, las cuales – vale la pena precisarlo – se
decretan en favor de la parte y no de su representante judicial. Aunque las agencias en
derecho representan una contraprestación por los gastos en que la parte incurrió para
ejercer la defensa judicial de sus intereses, es el juez quien, de manera discrecional, fija la
condena por este concepto con base en los criterios establecidos en el artículo 393-3 del
Código de Procedimiento Civil (tarifas establecidas por el Ministerio de Justicia o por el
colegio de abogados del respectivo distrito y naturaleza, calidad y duración de la gestión
realizada por el representante judicial o la parte que litigó personalmente). Dicha condena
no corresponde, necesariamente, a los honorarios efectivamente pagados por la parte
vencedora a su apoderado”.
Respecto a las acciones de Tutela, también la Corte Constitucional se ha pronunciado de cara a
que pese a que es gratuita en el sistema judicial, el señalamiento de las costas no pueden
desestimarse teniendo en cuenta el desgaste a la administración de justicia que ésta representa
cuando verdaderamente no se estén afectando derechos fundamentales a saber:
“Temeridad y costas
5.1. Hay que decir que, tratándose de la tutela, la condenación en costas no obedece a un
carácter disuasivo porque el Constituyente consagró la tutela como una acción pública, es de su
esencia la gratuidad, está íntimamente ligada al derecho de las personas de acceder a la
justicia, luego un señalamiento de costas no puede verse como algo que desestima la
presentación de esta acción.
Pero, otra cosa muy diferente es que se abuse dolosamente de su ejercicio, entonces, la
conducta abusiva perjudica la administración de justicia, impide, obstaculiza que el
acceso a la justicia de OTROS se desarrolle normalmente. La Corte Suprema de Justicia,
al declarar inexequible el inciso 2º de la regla 2ª del ordinal 199 del artículo 1º del
Decreto 2282/89 que modificó el Código de Procedimiento Civil, dijo:
“Las que deben impedirse son las actuaciones dolosas o temerarias que por constituir un
verdadero abuso del derecho lesionan los intereses legítimos de la otra parte y le causan
perjuicios indemnizables y entraban, contrariando el bien común, la recta y pronta
administración de justicia…”[1]
5.2. Esas actuaciones signadas por la temeridad en la acción, nos remiten a los albores
de la culpa aquiliana, siendo las costas una forma de pena civil contra quien sin razón
alguna instauraba una acción o temerariamente se oponía a ella, ocasionándose un
daño injusto que debía ser reparado.
En Colombia, la teoría de la culpa aquiliana fué adoptada desde antes de la Constitución
de 1886 (Código Judicial de la Nación) en 1872, reformado en 1873, editado en 1874 y
adoptado por el artículo 1º de la Ley 57 de 1887; se consagró en el artículo 575 de la Ley
105 de 1931 que habló de temeridad maliciosa. Se decía que quien procedía con
temeridad era el “improbus litigator” de que hablaba Justiniano (“contendiente
deshonesto”, “pleitista de mala fé”, quien promueve un juicio sin derecho y con mala
intención).[2] El elemento de temeridad consistía, según la doctrina, en la conciencia
plena de la injusticia o en el reconocimiento de su propia falta de razón.
En 1951 (decreto 243, artículo 2º) se dejó de lado la culpa aquiliana, criterio subjetivo, y
fué reemplazado por el criterio objetivo del litigante vencido en juicio como sujeto que
paga costas.
Este criterio objetivo permanece en el actual Código de Procedimiento Civil (art. 392 y
siguientes), sin embargo, paralelamente a las costas y dentro del esquema de la
responsabilidad patrimonial de las partes, el mismo Código, artículo 72, establece:
“Cada una de las partes responderá por los perjuicios que con sus actuaciones
procesales, temerarias o de mala fé, causa a la otra o a terceros intervinientes. Cuando
en el proceso o incidente aparezca la prueba de tal conducta, el Juez, sin perjuicio de
las costas a que haya lugar, impondrá la correspondiente condena en la sentencia o en
el auto que los decida…” (subrayado fuera de texto).
5.3. El artículo 73 castiga la temeridad con multa de diez a veinte salarios mínimos
mensuales, el artículo 74 establece los casos de temeridad o mala fé uno de ellos es
“cuando sea manifiesta la carencia de fundamento legal”, y la Corte Suprema[3] señala
que si el Juez encuentra temeridad o mala fé “puede fulminar contra el litigante
temerario o doloso o contra su apoderado, la sanción mencionada “y establece como
OBLIGACION del juzgador pronunciar la condena de los artículos 72 y 73 del C. de P. C.
cuando el caso concreto da lugar a ello.
5.4. Tratándose de la tutela, la parte final del artículo 25 del Decreto 2591 de 1991, no
establece en forma paralela las costas Y la temeridad, sino que identifica ésta con
aquellas, así debe ser la lectura de tal norma porque, entre otras cosas, dicha
interpretación es coherente con el carácter público, informal, gratuito de la tutela.
Significa lo anterior que cuando la tutela es rechazada o denegada, solamente puede
hablarse de costas cuando se incurrió en temeridad; lo que se castiga es la temeridad
como expresión del abuso del derecho porque deliberadamente y sin tener razón, de
mala fé se instaura la acción. Y quien tasa las “costas” es el Juez de tutela porque el
inciso final del artículo 25 del decreto 2591/95 se refiere a él (algo muy distinto ocurre en
la situación consagrada en el primer inciso del mismo artículo en el cual lo principal son
los perjuicios).
Fuera de la temeridad no puede existir otro factor cuantificable en la liquidación de estas
costas y hubiera sido más apropiado emplear la expresión multa por temeridad, puesto
que, en la moderna ciencia procesal las “costas” responden a factor objetivo y la
temeridad a lo subjetivo.”2
Así las cosas, pese a tratarse de una Acción Constitucional de carácter gratuita, pero que hizo
incurrir a la copropiedad en varios gastos administrativos y costas procesales, de no condenarse
mediante sentencia proferida por el respectivo Juzgado, se sugiere solicitar aprobación de la
Asamblea general de copropiedad la imposición de este gasto en cabeza del tutelante teniendo en
cuenta que podría tratarse del cobro de lo no debido si no tenemos una orden judicial que ordene
el pago de estas sumas incurridas.

2 CORTE CONSTITUCIONAL, SENTENCIA T-443/95
Agradeciendo de antemano la atención que pueda merecer la presente,
DIANA MARIA RODRIGUEZ
ABOGADA
LONJA DE PROPIEDAD RAIZ AVALUADORES Y CONSTRUCTORES DE COLOMBIA

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